25September

A 300 años de una cacería de brujas en Tucumán

Seguramente, cuando el juez indagó a Magdalena si entendía la gravedad del delito y la pena que conllevaba la hechicería, todos los presentes recordaron a Inés, condenada a muerte y luego quemada en San Miguel de Tucumán, por hechicera, unos años antes. Entre Julio y Diciembre de 1721, se llevó a cabo en esta ciudad, un proceso judicial por parte de la Real Justicia contra un grupo de indias acusadas de hechiceras. En efecto, es poco conocido que hace 3 siglos, en la ciudad por la que caminamos cotidianamente, la justicia perseguía, torturaba y castigaba con dureza delitos tales como la hechicería usada para dañar al prójimo. Y aún más desconocido es al público, la presencia de la Inquisición en dichos procesos.

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Conservado en el Archivo Histórico de la Provincia, se destaca el juicio contra Magdalena, que lejos está de compararse a los grandes procesos inquisitoriales como el que analizó, por ejemplo, Carlo Ginzburg en “El queso y los gusanos” donde los expedientes constan de más de 500 fojas, mientras que el tucumano se compone de 40 aproximadamente. Sin embargo, posee una riqueza invaluable ya que sirve como una ventana a la mentalidad de la sociedad colonial tucumana del siglo XVIII.
Todo comenzó cuando el teniente de gobernador Alonso de Alfaro, inició una cruzada personal contra las hechiceras, pues este había caído enfermo unos años antes y había sido convencido que el origen de todos sus males provenían de los encantamientos de unas brujas en Santiago, a las que por supuesto persiguió. Para 1721, había dado instrucciones a las jurisdicciones de la Gobernación del Tucumán, de apresar a toda aquella persona acusada del delito de hechicería.

Dentro del expediente mencionado se conserva una carta de Alfaro, al alcalde de San Miguel de Tucumán, donde lo felicita por la detención de Magdalena y las demás indias, lo insta a continuar la persecución resaltando que “quantas mas se pudieran apresar según el posible de las fuerzas sira mejor”, le suministra materiales para el aprisionamiento tales como grilletes y cordeles para el tormento del garrote. Inclusive le recomienda humedecer en vinagre las cuerdas para aumentar su resistencia durante las sesiones de tortura sin romperse, además de otras recomendaciones para extraer información a las atormentadas.
En efecto, el alcalde, Don Bernardo Antonio de Figueroa, toma el asunto con toda la seriedad del caso por un doble motivo. Por un lado, porque mantiene una estrecha relación de amistad con Alfaro y por otro, más importante aún, porque es miembro familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y como tal, este tipo de delito le concierne directamente.

A pesar de no existir en la gobernación un tribunal de la Inquisición, pues el más cercano se encontraba en Lima, la institución mantuvo una presencia espectral en la ciudad y su jurisdicción, como lo hizo en la mayoría de los dominios españoles, mediante sus “familiares”. Estos eran los ojos y oídos de los inquisidores, sobre todo en aquellos lugares alejados de los grandes núcleos urbanos, siendo en su mayoría laicos instruidos a los que el mote de pertenencia a tamaña institución les aportaba el prestigio tan valorado en la sociedad colonial, que conllevaba la posibilidad del ascenso social.
Figueroa puso en marcha el proceso indagando a las indias y exponiendo los indicios que en su contra se acumulaban: Francisco de Olea, durante un viaje compartido con las indias, las hizo bajar de la carreta, que se había estancado en el barro, y las hizo caminar. Luego Olea cayo gravemente enfermo. Más adelante, Magdalena y compañía, hicieron noche en un paraje donde una “china” del lugar, se enferma y mientras deliraba, gritaba ver a Lorenza, hija de Magdalena, volar por la habitación. Cinco testigos se presentaron para denunciar la fama de “encantadoras matadoras”. Pero aun así, Magdalena se mantuvo firme a su verdad, no cambió su versión de los hechos ni se contradijo a pesar del tormento aplicado. De esta manera, Figueroa considera, siguiendo la lógica inquisitorial, que no tiene elementos probatorios suficientes para una condena a muerte, pero que los indicios están allí, la reputación es evidente y hay un elemento insoslayable: se trata de una indígena. Estos, están protegidos por la corona, gran diferencia con Inés, la cual era negra liberta. Una vez más, las castas juegan un papel central en la sociedad colonial.
En definitiva, las indias son liberadas, pero no declaradas inocentes. En un sistema jurídico donde uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario, Magdalena fue liberada por falta de pruebas, pero igualmente condenada a cumplir una pena: Se le prohibió volver a su pueblo, un desarraigo doloroso, fue obligada a incorporarse a la casa de algún español, donde desarrollaría labores sin goce de sueldo, mientras le era instruido el catolicismo. La sentencia deja también a las imputadas una clara advertencia: el proceso sirve como una prueba irrefutable de culpabilidad si en un futuro volviesen a ser procesadas por el mismo delito. Es decir, en caso de verse nuevamente en la misma situación, su destino sería inexorablemente la muerte.